América Latina y el Caribe se enfrentan a una grave paradoja: a pesar de ser una de las regiones más biodiversas del mundo, también se ha convertido en una de las más peligrosas para quienes defienden la naturaleza. En 2024, al menos 146 defensores fueron asesinados o desaparecidos en el mundo, con más del 80% de estos casos ocurriendo en esta región, donde Colombia, México, Brasil y Guatemala son los países con mayor incidencia de estos crímenes. La estigmatización, vigilancia y los intereses económicos ilícitos se han convertido en una herramienta de control que profundiza la inseguridad estructural, dificultando la labor de quienes protegen el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú surge como una herramienta fundamental para abordar esta crisis al reconocer la obligación de los Estados de proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Recientemente, durante la COP4, se adoptaron decisiones clave para acelerar su implementación, resaltando la necesidad de garantizar la participación comunitaria y la protección de los defensores. Sin embargo, es crucial que el compromiso se traduzca en acciones efectivas que enfrenten las asimetrías de poder y garantice recursos para la protección de estos valientes defensores.