América Latina y el Caribe se enfrentan a una grave paradoja: siendo una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo, también se ha vuelto una de las más peligrosas para quienes luchan por la protección del medio ambiente. En 2024, al menos 146 defensores fueron asesinados o desaparecidos en el planeta, siendo más del 80% de estos casos ocurridos en América Latina, específicamente en países como Colombia, México, Brasil y Guatemala. La creciente estigmatización, vigilancia y los intereses económicos ilícitos son herramientas utilizadas para aumentar la inseguridad estructural, lo que dificulta el trabajo de los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú se presenta como un marco fundamental para abordar esta problemática, destacando la obligación de los Estados de proteger a estos defensores en el ámbito de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Durante la COP4, se adoptaron decisiones cruciales que enfatizan la necesidad de asegurar la participación comunitaria y la protección de estos individuos. Sin embargo, es fundamental que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones efectivas que enfrenten las asimetrías de poder y garanticen recursos para la protección de quienes defienden el entorno. La crisis ambiental y la violencia contra los defensores de la naturaleza son temas que requieren atención urgente y coordinación en la acción política para convertir esta situación en un asunto de vida o muerte.