Más de 340 organizaciones han firmado una declaración conjunta que advierte sobre el peligro que representan los sistemas de arbitraje inversor-Estado (ISDS) para la transición ecológica y la democracia. Estas entidades, reunidas en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia, hacen un llamado a los gobiernos a abandonar este mecanismo, el cual favorece a grandes inversores a expensas de políticas ambientales efectivas. La actual dinámica permite que empresas demanden a los Estados en tribunales privados, afectando así la legitimidad de acciones necesarias para la descarbonización y la protección ambiental.
La declaración subraya que desde 1998, empresas en el sector de combustibles fósiles han recibido más de 87,000 millones de dólares en compensaciones a través de este sistema. Esto ha generado un "efecto de congelación regulatoria", donde el miedo a demandas multimillonarias frena la implementación de políticas climáticas. Las organizaciones firmantes proponen medidas concretas, entre ellas la renegociación de tratados de inversión que contengan ISDS y crear un tratado multilateral que permita avanzar hacia un futuro sin este mecanismo. Para estas entidades, abandonar los ISDS es esencial para fortalecer la democracia y garantizar una transición energética justa.