Las presas en España, con más de 55 años de media, se encuentran en una situación crítica debido al cambio climático, ya que deben adaptarse a lluvias torrenciales que superan los criterios de diseño originales. Se estima que la modernización de estas infraestructuras, que abarca solo las presas estatales, ascendería a aproximadamente 4.644 millones de euros. Esta situación se vuelve más preocupante al revelar que el 40% de las presas estatales podrían fallar en los próximos 50 años si no se toman medidas adecuadas, según un informe reciente.
El reciente evento de la DANA en Valencia, con 228 muertes, destaca la urgente necesidad de revisar la gestión de estas infraestructuras. La presa de Forata, que se llenó rápidamente durante este evento, ilustra cómo la falta de mantenimiento y planes de emergencia puede conllevar a situaciones críticas. Actualmente, el 65% de las presas requieren renovar sistemas de auscultación, el 50% necesitan rehabilitar desagües de fondo y más del 75% no tienen planes de emergencia establecidos. La colmatación por sedimentos es otro problema significativo, ya que este proceso reduce la capacidad útil de los embalses, lo cual complica la gestión del agua en episodios de sequía y lluvias intensas. Un análisis del MITECO estimó que la pérdida de capacidad útil podría ser del 12,5% para 2025 y del 17,5% para 2050 si las condiciones no mejoran.
En un contexto en el que España se propone alcanzar un 81% de generación eléctrica a partir de energías renovables para 2030, es crucial abordar los problemas de las presas. No podemos ignorar que estas infraestructuras son esenciales tanto para la producción de energía como para la gestión del agua, constituyendo un componente vital de la transición ecológica. Así, la planificación, el mantenimiento y la seguridad de estas presas deben ser considerados prioritarios para proteger vidas humanas y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema hidráulico del país.