Recientemente, nueve activistas de Greenpeace fueron detenidos en Madrid tras desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa, instando al Gobierno a cumplir el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz. Greenpeace ha denunciado que la reacción de las autoridades es "completamente desproporcionada", y aseveran que su objetivo es castigar a quienes protestan pacíficamente por las cuestiones medioambientales y energéticas.
La directora ejecutiva de Greenpeace en España y Portugal, Eva Saldaña, manifestó que las detenciones son un claro signo de cómo el poder opta por criminalizar la protesta en lugar de abordar los problemas climáticos urgentes, y aseveró que el derecho a la manifestación es fundamental. Además, la ONG resalta la importancia de la transición energética sin la presión de los lobbies nucleares, recordando que la vida útil de la central de Almaraz debe ser una decisión política que priorice el interés general y que no se debe ceder ante influencias corporativas.
Esta protesta se produce en un contexto de escalada represiva contra el activismo climático en España, donde Greenpeace y otros grupos han enfrentado procesos judiciales por ejercer su derecho a la protesta. La organización también enfatiza que tales medidas no detendrán su lucha por un futuro más sostenible y libre de energía nuclear.