Un estudio reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la infraestructura de recarga pública en España destaca las barreras que ralentizan su desarrollo. Entre las dificultades mencionadas se incluyen la burocracia complicada, la falta de acceso a ubicaciones estratégicas y la ineficacia del mercado, lo que genera preocupaciones entre los empresarios del sector. La CNMC sugiere un marco regulatorio más competitivo y simplificaciones administrativas para facilitar la entrada de nuevos operadores y mejorar la experiencia del usuario.
Además, el informe revela que España cuenta con 56.682 puntos de recarga operativos, lo que refleja una insuficiencia en comparación con otros países europeos. La escasez de infraestructura adecuada, especialmente en carga de alta potencia, es un obstáculo para la adoptación masiva de vehículos eléctricos. Expertos del sector insisten en la urgencia de acelerar la instalación de estos puntos para situar a España como un referente en movilidad eléctrica y cerrar la brecha con Europa.