España ha decidido acelerar sus planes para fortalecer su suministro energético ante la crisis global, impulsada en parte por tensiones internacionales. Con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, el Gobierno busca simplificar la burocracia y permitir la rápida implantación de infraestructuras de energías renovables. Este decreto no solo responde a una directiva europea, sino que también introduce las 'Zonas de Aceleración Renovable' (ZAR) para optimizar la ubicación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Las ZAR serán áreas estratégicamente seleccionadas, caracterizadas por un bajo impacto ambiental y una alta disponibilidad de recursos, donde los proyectos recibirán un régimen de tramitación acelerada. Además, la normativa introduce un 'estándar de excelencia social y territorial', que premiará a los proyectos más comprometidos con las comunidades locales, incentivando beneficios tangibles como la creación de empleo y la participación ciudadana. También se potencia el uso de biometano, clave para la descarbonización de sectores industriales y para disminuir la dependencia del gas natural, un aspecto vital en el actual contexto de inestabilidad geopolítica.