El fracking en México ha generado un creciente rechazo por su impacto ambiental, en un contexto donde el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca explorar nuevas tecnologías para la extracción de gas no convencional. Más de 80 organizaciones ambientales han expresado que no existe evidencia científica que respalde un fracking "sustentable" y han recordado que más de 2.300 estudios internacionales documentan sus efectos negativos en el agua, el suelo y la salud pública.
La apertura del Gobierno hacia técnicas menos invasivas ha sido recibida con escepticismo, siendo interpretada como una contradicción respecto a compromisos previos. Los principales argumentos contra el fracking son la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano y el aumento de la sismicidad. Además, se cuestiona la viabilidad económica de su implementación, ya que se requieren inversiones importantes que podrían no justificar los beneficios energéticos en un momento de transición hacia energías renovables a nivel global.
A pesar de la defensa política del fracking como estrategia para disminuir la dependencia del gas importado, las organizaciones advierten que la producción interna será insuficiente para satisfacer la creciente demanda nacional, lo que subraya las limitaciones de la soberanía energética basada en combustibles fósiles.