El apagón del 28 de abril de 2025 ha modificado drásticamente la factura energética de España, con un incremento de costos que oscila entre 422 y 1.500 millones de euros. Este evento ha intensificado el uso de combustibles fósiles, elevando el consumo de gas en un 39% para la generación eléctrica respecto al año anterior, lo que ha contribuido a un aumento del 16% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta situación ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones ecologistas, que demandan una eliminación paulatina del gas fósil en aras de avanzar hacia la descarbonización total antes de 2035.
El informe del Anuario crítico del gas fósil señala que el apagón ha consolidado el rol del gas como respaldo en el sistema eléctrico español, aumentando la dependencia del gas importado, particularmente de Estados Unidos, que ha pasado a ser el segundo mayor proveedor, solo detrás de Argelia. Todas estas importaciones provienen de terminales relacionadas con el fracking, método prohibido en España por sus efectos ambientales adversos. En este contexto, el sistema gasista se muestra sobredimensionado con respecto a las necesidades reales de consumo, como se evidencia en instalaciones como la regasificadora de El Musel en Xixón.
Recientemente, el Senado ha reprobado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señalando una gestión ineficaz ante esta crisis energética. Esta reprobación, que contó con el apoyo del PP, Vox y UPN, ha puesto de relieve la insostenibilidad del enfoque actual ante la transición energética. Las organizaciones ecologistas reiteran su demanda de un aumento en la electrificación renovable y una disminución del uso de gas fósil, advirtiendo sobre el riesgo de que episodios similares puedan volverse recurrentes.