El apagón del 28 de abril de 2025 ha modificado drásticamente la factura energética de España, con un incremento de costos que se estima entre 422 y 1.500 millones de euros. Este evento ha intensificado el uso de combustibles fósiles, elevando el consumo de gas en un 39% para la generación eléctrica respecto al año anterior. Esto ha llevado a un aumento del 16% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Críticas han surgido de varias organizaciones ecologistas que demandan una eliminación paulatina del gas fósil para alcanzar la descarbonización total antes de 2035.
El informe del Anuario crítico del gas fósil destaca que el apagón ha consolidado el rol del gas como respaldo en el sistema eléctrico español, aumentando la dependencia del gas importado de EE.UU., que se ha convertido en el segundo mayor proveedor, solo detrás de Argelia. Todas estas importaciones provienen de terminales relacionadas con el fracking, método que está prohibido en España por sus efectos ambientales adversos. Así, el sistema gasista en el país se muestra sobredimensionado respecto a las necesidades reales de consumo, evidenciado en instalaciones como la regasificadora de El Musel en Xixón.
Recientemente, el Senado ha reprobado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señalando su ineficaz gestión ante esta crisis energética. Esta reprobación, apoyada por el PP, Vox y UPN, refleja la insostenibilidad del enfoque actual en la transición energética. Las organizaciones ecologistas reiteran su exigencia de un incremento en la electrificación renovable y una drástica disminución en el uso del gas fósil, advirtiendo sobre el riesgo de que episodios similares se repitan en el futuro.