Varias organizaciones ecologistas han denunciado que la Junta de Castilla y León está ocultando informes esenciales sobre la gestión de las zonas quemadas tras los incendios del verano en León. La preocupación se ha intensificado tras la reciente decisión de permitir actividades como la caza y el pastoreo en estas áreas, lo que podría afectar negativamente la recuperación de los ecosistemas. Sin la documentación pública necesaria, los colectivos alertan de la imposibilidad de evaluar si se respetan los criterios científicos vitales para la regeneración ambiental.
La legislación vigente establece una moratoria de al menos cinco años para actividades que puedan perjudicar la recuperación natural del territorio afectado. Al permitir el pastoreo y la caza, la administración autonómica podría estar ignorando estas normas, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Las organizaciones ecologistas exigen transparencia y una rendición de cuentas adecuada, basándose en el derecho de acceso a la información ambiental que promueve el Convenio de Aarhus, para asegurar que las decisiones sobre la gestión de este tipo de espacios se tomen de manera fundamentada y responsable.