Los colectivos ecologistas han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de las áreas quemadas en León, afirmando que la Junta de Castilla y León se niega a proporcionar informes necesarios para evaluar si se están aplicando criterios científicos en la restauración de los ecosistemas afectados. Además, la reciente autorización de caza y pastoreo en estas zonas suscita temor, ya que podría ir en contra de la moratoria de cinco años establecida por la legislación que protege la recuperación natural del territorio. Las organizaciones demandan un cumplimiento del derecho de acceso a la información ambiental, promovido por el Convenio de Aarhus, para asegurar una gestión informada y responsable de estas áreas.
Por otro lado, la Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado que las ayudas de agricultura ecológica están bloqueadas desde 2025, lo que ha generado una crisis de liquidez en el sector agrario. Este retraso afecta tanto a los incentivos para prácticas sostenibles como a los apoyos para explotaciones en zonas desfavorecidas, poniendo en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones familiares. Ante el aumento de costes operativos y la incertidumbre, los agricultores claman por una mayor agilidad administrativa y transparencia para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan, especialmente en un momento crítico para el sector agrario en Castilla y León.