Catorce comunidades autónomas, incluidas Castilla y León, Galicia, Andalucía y Cantabria, han protagonizado acciones legales contra el Gobierno español por su retraso en la entrega del informe sobre el estado de conservación del lobo ibérico, el cual debió ser presentado en julio de 2025, siendo crucial para la evaluación de la especie por la Comisión Europea. A pesar de la afirmación del Gobierno de que se han enviado los datos, existen discrepancias sobre su formato y validez, lo que ha desencadenado un procedimiento sancionador contra España.
El debate en torno a la protección del lobo se intensifica, destacando el caso de Asturias, donde se reporta una disminución alarmante de la población de lobos, siendo reemplazada por perros asilvestrados, según el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas). Organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, han acusado a algunas comunidades de manipulación de datos para justificar un incremento en los controles letales, amenazando la viabilidad de la especie. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha respaldado nuevas normativas para la gestión del lobo, persisten dudas sobre su efectividad ante la alta mortalidad y la presión humana sobre el hábitat.
Las comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León defienden que, en sus regiones, el estado de conservación del lobo es favorable, rechazando el informe del Ministerio para la Transición Ecológica que lo declara desfavorable en toda España. Estas autonomías enfatizan la necesidad de convocar la Conferencia Sectorial para delimitar la gestión de la especie, engañando que la consulta pública en curso carece de fundamento para validar el informe. Las decisiones del Gobierno y de los tribunales en este contexto serán clave para determinar el futuro del lobo ibérico, reflejando las tensiones entre la conservación de la especie y las necesidades económicas de sectores rurales.