Catorce comunidades autónomas han comenzado acciones legales contra el Gobierno de España por su falta de cumplimiento en la normativa nacional y europea sobre la conservación del lobo ibérico. La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha subrayado que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha presentado el informe requerido a la Comisión Europea sobre el estado de conservación del lobo, lo que ha provocando un procedimiento sancionador. Las comunidades que forman parte de este movimiento incluyen a Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Canarias, además de Ceuta y Melilla. Castilla y León recordó que el plazo para enviar el informe se expiró en julio de 2025, resaltando que el incumplimiento se viola la Directiva Hábitats de 1992. La falta de convocatorias por parte del ministerio ha llevado a las autonomías a tomar medidas legales.
Además, la situación del lobo en Asturias ha generado alarma, ya que el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha denunciado una reducción drástica de la especie en dicha región. Según sus informes, la desaparición de manadas de lobo está siendo substituida por la creciente presencia de perros asilvestrados, lo que conlleva un riesgo significativo para el ecosistema y la ganadería. Fapas estima que entre 180 y 225 lobos sobreviven en Asturias, cifras considerablemente más bajas que las cifras oficiales del Gobierno. Desde 2017, se han eliminado al menos 140 lobos, señalando además la falta de control en las reservas de caza como un factor contribuyente a esta disminución. Esta dinámica genera preocupaciones sobre el equilibrio ecológico de las montañas cantábricas y la potencial agravación de conflictos sociales sobre la especie.