Los bomberos forestales en España enfrentan una precariedad laboral persistente, un año después de los devastadores incendios de verano de 2025 que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Aproximadamente 20.000 bomberos se ven afectados por sueldos bajos, trabajos temporales y peligros sin reconocimiento. A pesar de las promesas de reforma, las condiciones laborales no han mejorado y carecen de opciones de jubilación anticipada o complementos salariales por peligrosidad.
Recientemente, alrededor de 950 bomberos forestales de Castilla y León, pertenecientes a empresas privadas de extinción, han decidido no participar en las labores de control de incendios. Esta decisión fue tomada por unanimidad por la Asociación de Empresas Forestales de España (Asemfo), citando una "absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa" en las condiciones impuestas por la Junta. Las discrepancias con la Administración han llevado a una situación insostenible, donde los pliegos no cumplen con la ley de bomberos y no se aseguran elementos de protección adecuados.
Asemfo ha indicado que desde marzo de 2025 han hecho múltiples gestiones para abordar esta problemática, recibiendo únicamente silencio por parte de la Administración. La situación ha derivado en una inseguridad jurídica que no solo complica la extinción de incendios, sino que también está debilitando el servicio esencial que estos profesionales brindan, cuestionando el enfoque de la gestión pública frente a la privada en este ámbito.