Bruselas se enfrenta a críticas por parte de la ONG Corporate Europe Observatory, que ha denunciado que la Comisión Europea está acelerando la concesión de permisos para infraestructuras contaminantes bajo el pretexto de simplificación regulatoria. Según la ONG, esto podría suponer un retroceso en las evaluaciones medioambientales y en la participación de las comunidades afectadas. Rachel Tansey, investigadora de la organización, subraya que 'la crisis energética no debe utilizarse para justificar el atropello de los derechos de las personas y la destrucción de la biodiversidad'.
El informe ‘Permiso para contaminar’ argumenta que medidas impulsadas por la Comisión, consideradas de 'interés público', pueden beneficiar a sectores como la minería y el gas fósil en detrimento del medio ambiente. Además, Corporate Europe Observatory destaca una creciente influencia de la industria en procesos de consulta, lo que podría minar el acceso a la justicia de las comunidades locales. Este informe presenta casos específicos que ejemplifican las consecuencias, como proyectos de minas en Suecia, planes de tuberías de CO2 en Europa e infraestructuras eléctricas en Irlanda que elevan la dependencia de los combustibles fósiles.