El nuevo Plan Especial de Sequía para la cuenca del Segura, recientemente promulgado, establece restricciones severas en Alicante, lo que incluye la obligación de mantener vacías las piscinas y la posibilidad de reducir la presión del agua en los grifos. Esta decisión, que se traslada a los ayuntamientos, afectará a casi dos millones de habitantes y tiene como objetivo gestionar la escasez de agua en una región crucial para el turismo y la agricultura.
Los municipios con más de 20.000 habitantes deberán elaborar planes de emergencia, y se establecerán cuatro fases de restricción: normalidad, prealerta, alerta y emergencia. En esta última fase, los recortes en el suministro de agua potable podrían llegar hasta el 15%. La normativa también prohíbe el llenado de piscinas privadas y restringe el riego de zonas verdes y el uso de mangueras.
Además, la nueva estrategia penaliza a la agricultura, que podría experimentar recortes en el riego de hasta el 50%. Para paliar estos impactos, se propone utilizar agua desalada, aunque este proceso es costoso. La Confederación Hidrográfica del Segura también aplicará tarifas más altas para desalentar el consumo excesivo. Este enfoque podría generar un efecto negativo en los sectores económicos clave de la región, especialmente en plena temporada turística.