El Gobierno de México ha decidido reabrir el debate sobre el fracking como una estrategia para fortalecer su soberanía energética en un contexto de crisis global del suministro energético. Aunque plantea utilizar nuevas tecnologías, este movimiento enfrenta críticas severas debido a su impacto ambiental y a la viabilidad de la técnica. Muchos expertos argumentan que el fracking puede provocar contaminación de aguas subterráneas, emisiones contaminantes y repercusiones sísmicas.
El sector empresarial, por otro lado, ve en el fracking una manera de reducir la dependencia del gas importado de Estados Unidos y una oportunidad para mejorar la competitividad industrial. Sin embargo, esta posición está fuertemente cuestionada por ecologistas, quienes afirman que no existe un fracking sostenible y que esta técnica podría obstaculizar la transición hacia fuentes de energía más limpias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sugerido la creación de un comité de expertos para evaluar el uso de gas no convencional, pero el dilema persiste: cómo equilibrar la necesidad inmediata de energía con la urgencia de abordar el cambio climático. Este análisis deberá incluir marcos regulatorios que protejan el medio ambiente y consideren la participación de las comunidades locales, todo dentro de un contexto en el que el mundo avanza hacia energías renovables y México lucha por definir su papel en la lucha climática global.