El Gobierno de México ha decidido reabrir el debate sobre el fracking, buscando fortalecer su soberanía energética en un contexto de crisis global de suministro. La administración está considerando el uso de nuevas tecnologías en esta práctica, pero enfrenta críticas contundentes debido a los potenciales daños ambientales que podría causar, como la contaminación de aguas subterráneas y emisiones contaminantes. A pesar de estas preocupaciones, algunos sectores empresariales ven en el fracking una oportunidad para disminuir la dependencia del gas importado de Estados Unidos y mejorar la competitividad industrial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto la creación de un comité de expertos para evaluar el uso de gas no convencional, pero el debate sigue centrado en equilibrar la necesidad inmediata de energía con la urgencia de abordar el cambio climático. Este análisis debería incorporar marcos regulatorios que protejan el medio ambiente y la participación de las comunidades locales, especialmente en un momento donde las energías renovables están ganando protagonismo a nivel mundial y México busca definirse en la lucha climática global. Ecologistas y expertos continúan advirtiendo que no existe un fracking sostenible, argumentando que esta técnica podría comprometer los objetivos de transición hacia fuentes de energía más limpias.