Uno de los desafíos de la electrificación en España es la falta de garajes para el 70% de la población, complicando la recarga doméstica. La recarga en corriente alterna, conocida como carga lenta, ofrece una alternativa viable que permite cargar los vehículos mientras los usuarios realizan actividades cotidianas. Esta opción es más económica y técnica, reduciendo los costos de instalación y mantenimiento, y disminuyendo la demanda energética.
Experiencias en otros países europeos indican que el acceso adecuado a la infraestructura de recarga en corriente alterna puede estimular significativamente las matriculaciones de vehículos eléctricos. Sin embargo, en España, su implementación enfrenta obstáculos como la falta de conocimiento técnico, restricciones presupuestarias y carencia de voluntad política. Para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, los ayuntamientos juegan un rol crucial en la planificación y autorización de las instalaciones necesarias, convirtiéndose en agentes clave para democratizar este cambio hacia la sostenibilidad.