En España, un importante obstáculo para la electrificación de los vehículos es la falta de acceso a garajes o plazas de aparcamiento, afectando a más del 70% de la población. Esta situación dificulta la recarga doméstica y deja a muchos ciudadanos sin alternativa viable para optar por un vehículo eléctrico. En este contexto, la recarga en corriente alterna (AC), conocida como carga lenta, se vislumbra como una opción accesible y eficiente. Al estar disponible en calles, barrios y aparcamientos públicos, los conductores pueden cargar sus vehículos durante actividades cotidianas, integrándose de manera orgánica en la vida urbana, bajo el lema 'coche aparcado, coche cargando'.
Mientras que el coste de uso de un coche eléctrico puede ser hasta un 70% inferior combinando recarga doméstica y pública, la configuración de la infraestructura de recarga en AC es más económica y requiere menor potencia, favoreciendo la integración con energías renovables. Sin embargo, para que esta opción sea efectiva, es necesaria una fuerte acción política por parte de los ayuntamientos, quienes tienen la capacidad de facilitar permisos y planificar la red de recarga pública. La recarga en corriente alterna se revela así como una herramienta esencial que puede acelerar la transición energética y democratizar el acceso a la movilidad eléctrica, especialmente en un momento de incertidumbre por el aumento de los precios de los combustibles fósiles. Sin la implementación efectiva de esta infraestructura, la adopción del vehículo eléctrico seguirá siendo un desafío significativo para una gran parte de la población española.