La Comisión Europea ha comenzado un procedimiento de infracción contra España y diecinueve países de la UE por su incumplimiento en la adaptación a las nuevas normas contra el "ecopostureo". La Directiva (UE) 2024/825, cuya transposición debería haberse completado antes del 27 de marzo de 2026, tiene como finalidad mejorar la fiabilidad de las alegaciones ecológicas y las etiquetas de sostenibilidad. Este conjunto de medidas no solo fomenta prácticas empresariales sostenibles, sino que también combate la obsolescencia prematura, garantizando que los consumidores accedan a información clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos, así como sobre sus derechos legales de garantía.
La CE ha enviado cartas de emplazamiento a los Estados miembros implicados, lo que les otorga un plazo de dos meses para responder. Si no cumplen, la CE podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las autoridades españolas enfrentan así la presión de Bruselas para acelerar la aplicación de estas normativas, lo que también podría conllevar sanciones económicas si la situación no se corrige. Este proceso no es exclusivo de España, ya que otros países como Francia, Portugal, y Países Bajos también se encuentran en situaciones similares debido a sus retrasos en la transposición de esta importante directiva.
