La Comisión Europea (CE) ha tomado la decisión de abrir un expediente de infracción contra España y otros diecinueve Estados miembros por no haber cumplido con la normativa comunitaria destinada a combatir el 'ecopostureo' o greenwashing. La Directiva (UE) 2024/825, que debió haber sido transpuesta antes del 27 de marzo de 2026, tiene como propósito mejorar la fiabilidad de las etiquetas de sostenibilidad y garantizar que los consumidores reciban información clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos. Este marco normativo no solo busca fortalecer las prácticas empresariales sostenibles, sino que también pretende erradicar la obsolescencia prematura.
Tras la apertura del expediente, la CE ha enviado cartas de emplazamiento a los países afectados, que tienen un plazo de dos meses para responder y justificar las medidas adoptadas. Si no se cumplen las expectativas de la CE, podría emitirse un dictamen motivado y, eventualmente, el caso ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con riesgos de sanciones económicas. Además de España, otros países como Francia, Portugal, Países Bajos, Suecia y Grecia también enfrentan situaciones similares por sus retrasos en la transposición de esta importante directiva.
La estrategia de Bruselas en esta ofensiva busca devolver la confianza a los consumidores, con un enfoque claro en vetar prácticas engañosas relacionadas con etiquetas medioambientales poco claras y aumentar la transparencia en las alegaciones ecológicas. Esta normativa obligará a las empresas a justificar mejor términos como "sostenible" o "respetuoso con el medio ambiente", además de abordar la problemática de la obsolescencia programada, garantizando una mayor claridad sobre los derechos de los consumidores.