El tiempo avanza contra los ecosistemas marinos, ya que se busca que, para 2030, al menos un 30% de las zonas marinas mundialmente esté protegido. En España, la meta del 25% de superficie marina protegida para 2025 no se ha cumplido, alcanzando solo un 22,45% de protección, lo que incluye una mínima fracción de áreas bajo protección estricta que es del 0,18% según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
España, uno de los países con más biodiversidad marina en Europa, ha aumentado sus áreas marinas protegidas en la última década, pero varios informes señalan que gran parte de estas áreas carecen de vigilancia efectiva, lo que las convierte en "parques de papel". Investigaciones sugieren que alrededor del 45% del área marina protegida en el país es incompatible con los objetivos de conservación, lo que resalta la necesidad de implementar medidas más efectivas y un mejor manejo de estas zonas, así como asegurar recursos suficientes para su vigilancia y mantenimiento.
Sin embargo, la verdadera efectividad de estas áreas radica no solo en su declaración, sino en la creación de un marco legal y financiero que garantice su protección y la participación activa de las comunidades locales en la gestión. La falta de una hoja de ruta clara por parte del Gobierno solo incrementa la preocupación ante la creciente presión sobre los ecosistemas marinos, acentuada por factores como el cambio climático y la pesca industrial.