El Tribunal Supremo ha decidido anular parcialmente la ordenanza Madrid 360 tras inadmitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid. Esta anulación se debe a deficiencias en los informes económicos y ambientales que justifican la normativa, lo que reabre el debate sobre su legalidad y afecta a las más de 3,3 millones de multas impuestas, que totalizan más de 650 millones de euros. Aunque el fallo cuestiona la base legal de la normativa anterior, el Ayuntamiento ha manifestado que no procederá a devolver las multas, amparándose en la jurisprudencia sobre la no retroactividad de las normas.
El foco de la controversia radica en las implicaciones de la sentencia sobre las sanciones ya impuestas. Si bien se abre la posibilidad de que algunas multas aún en proceso puedan ser revisadas, la anulación no garantiza la devolución automática de otras sanciones ya pagadas. Esto se debe al principio de no retroactividad y a la continuidad de la aplicación de la normativa durante el litigio. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha comenzado a elaborar una nueva regulación para las ZBE que cumpla con los requisitos legales exigidos por el tribunal, asegurando que el sistema de restricciones se mantenga activo.
La medida ha llevado a un notable incremento en el interés por los vehículos eléctricos, evidenciado por un 73% de aumento en las ventas de coches eléctricos de segunda mano durante el primer trimestre de 2026, en un contexto donde los combustibles fósiles continúan encareciéndose. A pesar de los desafíos que enfrenta la movilidad sostenible, se reafirma como una prioridad en la agenda pública, resaltando la necesidad de abordar la calidad técnica y legal de las normativas ambientales para garantizar su efectividad y aceptación social.