El Tribunal Supremo ha decidido anular parcialmente la denominada ordenanza Madrid 360, enfocada en las restricciones de circulación en zonas de bajas emisiones en la capital española. Esta resolución se produce tras inadmitir el recurso del Ayuntamiento de Madrid y confirma deficiencias en los informes económicos y ambientales que sustentaban la normativa, lo que suscita serias dudas sobre las sanciones impuestas. Hasta la fecha se habrían registrado más de 3,3 millones de multas, por un valor superior a los 650 millones de euros, que podrían ser legalmente cuestionadas por los afectados.
El fallo judicial subraya la importancia de evaluar efectivamente cómo las restricciones impactan en la economía de los ciudadanos, así como considerar alternativas menos drásticas que logren alcanzar los objetivos ambientales establecidos. Aunque el Tribunal no cuestiona la relevancia de la reducción de emisiones, sí destaca que la forma en que se implementaron estas políticas es insuficiente y carece de los análisis necesarios. En respuesta, el Ayuntamiento asegura que las modificaciones recientes a la ordenanza han corregido las deficiencias señaladas y que se mantenerán las políticas de movilidad sostenible, a pesar del creciente escepticismo social sobre su eficacia jurídica.