En España, existen múltiples embalses que, a pesar de haber sido construidos, no se pueden utilizar por la ausencia de las canalizaciones necesarias. Un ejemplo es la presa de Siles en Jaén, inaugurada en 2015, cuya capacidad de 30 hm³ permanece sin aprovechar tras una década. Situaciones similares afectan a embalses como el de Rules en Granada y otros en Huelva, Zaragoza y Burgos.
Este fenómeno no solo implica una pérdida de recursos hídricos, sino que también causa daños ecológicos significativos en los cauces fluviales. A esto se suma un importante costo económico y social, especialmente en un país donde la agricultura depende de una gestión hídrica adecuada. La fragmentación de competencias entre diferentes administraciones dificulta una solución efectiva, ya que el Estado central financia las presas, pero son las comunidades autónomas y otros organismos quienes deben implementar las redes secundarias necesarias. Esta falta de coordinación ha llevado a que las obras queden en un limbo administrativo, prolongando el problema y agravando la situación hídrica en el país.