La flexibilización de la normativa ambiental en la Unión Europea genera inquietudes sobre los posibles retrocesos en la protección del medio ambiente. La Comisión Europea, liderada por la comisaria Jessika Roswall, busca acelerar cambios regulatorios en cruciales sectores como la biodiversidad, minería, químicos y agua, con el argumento de mejorar la competitividad industrial. Sin embargo, ecologistas y expertos advierten que esta estrategia podría resultar en una reducción de las garantías ambientales históricas de Europa.
Las directivas de Aves y Hábitats están en revisión, lo que ha suscitado preocupación sobre cómo la simplificación de los procedimientos podría afectar a especies protegidas y ecosistemas vulnerables. Además, la atención se centra en los químicos PFAS, considerados muy peligrosos, cuyas regulaciones se están manejando con cautela para no perjudicar industrias clave. La minería también se ha vuelto prioritaria en esta nueva estrategia, ampliando el acceso a recursos críticos, lo que podría comprometer aún más la salud de los acuíferos y la biodiversidad. En este contexto, la economía circular se presenta como un enfoque clave, aunque los expertos advierten que no debe usarse para justificar recortes en protección ambiental.