La reciente Ley de Movilidad Sostenible ha generado un amplio rechazo entre organizaciones ecologistas, sindicales y sociales, que critican la exclusión de la movilidad activa. Estas denuncias se centran en que los nuevos órganos de gobernanza, como el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, no contemplan representación para peatones y ciclistas, priorizando así el uso del automóvil y las infraestructuras tradicionales. Para los colectivos firmantes, esta situación contradice el objetivo de promover una movilidad más sostenible y saludable.
Además, se destaca que la movilidad activa no solo es beneficiosa para la salud y la calidad del aire, sino que también contribuye a la reducción de emisiones. La falta de representatividad de estos modos de transporte dificulta que las necesidades de los usuarios sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. A su vez, las organizaciones que apoyan esta crítica piden cambios en la estructura de gobernanza, incluyendo secciones permanentes especializadas en movilidad activa que permitan la participación real de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas. En este contexto de emergencia climática, la inclusión de la voz de quienes promueven la movilidad activa es vista como esencial para alcanzar los objetivos de descarbonización y sostenibilidad.