En un contexto alarmante, la mala alimentación se ha posicionado como la mayor amenaza para la salud pública en España, donde el aumento del consumo de ultraprocesados y el encarecimiento de los productos frescos están provocando consecuencias sanitarias severas. Más del 70% de los alimentos que consumen los españoles hoy provienen de categorías ultraprocesadas. Esto ha despertado la preocupación de científicos, médicos y organizaciones sociales, especialmente por el incremento de la obesidad y las enfermedades relacionadas con dietas no adecuadas.
Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, ha subrayado que este problema no solo afecta a la salud individual, sino que también impacta en los sistemas sanitarios, la economía y la calidad de vida de la población. La creciente desigualdad alimentaria se hace evidente, ya que muchas familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos saludables, transformando una alimentación equilibrada en un lujo inalcanzable. Esta situación clama por una transformación del modelo alimentario hacia uno que priorice la soberanía alimentaria y el acceso universal a una alimentación saludable.
Los expertos resaltan la necesidad urgente de implementar políticas públicas más robustas, que incluyan regulaciones sobre la publicidad alimentaria y que apoyen a los productores locales. Así, se podrá asegurar que tener acceso a una dieta saludable no dependa de factores económicos, evitando una crisis sanitaria mayor en el futuro. Aunque la preocupación por problemas ambientales como el cambio climático ha disminuido entre los españoles, el impacto de una mala alimentación persiste y demanda atención inmediata.