En un contexto alarmante, la mala alimentación se ha posicionado como la mayor amenaza para la salud pública en España, donde el aumento del consumo de ultraprocesados y el encarecimiento de los productos frescos están provocando graves consecuencias sanitarias. Más del 70% de los alimentos que consumen los españoles provienen de categorías ultraprocesadas, lo que activa la preocupación de científicos, médicos y organizaciones sociales ante el crecimiento de la obesidad y enfermedades asociadas a dietas inadecuadas.
El director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, subraya que este problema trasciende lo individual y afecta a sistemas sanitarios, la economía y la calidad de vida. La creciente desigualdad alimentaria se vuelve evidente con la dificultad de muchas familias para acceder a alimentos saludables, transformando la alimentación equilibrada en un lujo inalcanzable. Esta situación exige urgentemente una transformación del modelo alimentario hacia uno que priorice la soberanía alimentaria y el acceso universal a una alimentación saludable.
Los expertos resaltan la necesidad de políticas públicas más robustas, que incluyan regulaciones sobre la publicidad alimentaria y apoyen a los productores locales, para así asegurar que el acceso a una dieta saludable no dependa de variables económicas y para prevenir una crisis sanitaria mayor en el futuro.