La reciente autorización ambiental integrada para la construcción de una macrogranja de gallinas en Cuenca ha desencadenado una intensa controversia social. Este proyecto, que alojará cerca de un millón de aves, es objeto de debate sobre el modelo agroalimentario y sus efectos medioambientales. Expertos han expresado su preocupación por las grandes emisiones de amoniaco y la gestión de residuos orgánicos, que son preocupaciones críticas dado el estado ya comprometido de los acuíferos de la zona.
La magnitud del proyecto plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, especialmente en una región que ya sufre problemas relacionados con la calidad del agua. La explotación de recursos hídricos de fuentes sobreexplotadas, como el acuífero Rus-Valdelobos, pone en riesgo el suministro de agua para las comunidades cercanas. Además, la alta concentración de aves podría facilitar la transmisión de enfermedades, aumentando el riesgo de brotes de gripe aviar, lo que ha suscitado aún más inquietud entre la población y organizaciones ecologistas.
La oposición a esta macrogranja no solo se dirige hacia su construcción, sino que representa una crítica más amplia al modelo de producción intensivo que predomina en la ganadería española. Los vecinos y activistas demandan una revisión sistemática de cómo debe evolucionar el sector agroindustrial hacia prácticas más sostenibles y responsables en relación al bienestar animal y la salud pública.