La propuesta de una macrogranja avícola en El Pobo, con capacidad para albergar más de dos millones de gallinas, ha suscitado una intensa controversia en la provincia de Teruel, Aragón. La organización agraria UAGA-COAG ha expresado su preocupación por el riesgo que el proyecto supone para el equilibrio rural y para los pequeños productores, quienes consideran que la concentración de producción en grandes empresas podría exacerbar la presión ambiental y perjudicar a las explotaciones familiares.
Las críticas apuntan también a la forma en que se tramita el proyecto, mediante la fórmula de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que favorece a los grandes grupos empresariales mientras los pequeños ganaderos enfrentan trabas burocráticas. Además, se teme que esta macrogranja tenga efectos negativos sobre los recursos hídricos y la gestión de residuos, áreas que ya enfrentan problemas en la región. En un contexto de escasez de agua y aumento de la demanda de huevos en Europa, el modelo de producción intensiva se encuentra en el centro de un debate sobre sostenibilidad y desarrollo rural.
El conflicto no se limita a la magnitud del proyecto, sino que también refleja una división en el sector avícola español, donde grandes compañías defienden la eficiencia de la producción a gran escala, mientras que las organizaciones agrarias abogan por un crecimiento más equilibrado y sostenible que priorice las explotaraciones familiares y el retorno económico en el medio rural.