El clúster eólico del Maestrazgo ha desencadenado una intensa controversia debido a las denuncias de organizaciones ecologistas que alertan sobre posibles irregularidades en su tramitación ambiental. Estas entidades abogan por la anulación del proyecto, alegando que su implementación podría poner en riesgo la biodiversidad y socavar la credibilidad de la transición energética en España. Aunque la Comisión Europea ha señalado que no le corresponde evaluar la validez de los estudios ambientales, ha instado a las autoridades nacionales a asegurar el cumplimiento de las normativas europeas. Las denuncias apuntan a incumplimientos de directivas relacionadas con la evaluación ambiental y la protección de especies, así como a una posible trama de corrupción vinculada a la evaluación del proyecto.
El clúster que comprende hasta 25 parques eólicos se ubica en un corredor que impacta áreas de la Red Natura 2000, incluyendo hábitats de especies protegidas como el quebrantahuesos. La ausencia de una evaluación adecuada sobre los impactos acumulativos ha sido un punto de fuerte crítica. Las organizaciones ecologistas proponen una planificación estricta que priorice espacios ya transformados, evitando la instalación en zonas ecologicamente sensibles. Este conflicto no solo pone de manifiesto la desconfianza en el sector energético, sino que también plantea la urgente necesidad de una mayor participación ciudadana en la definición de nuevas Zonas de Aceleración para Renovables. La resolución de este caso será clave para establecer estándares adecuados en el desarrollo de energías limpias en el país, haciendo hincapié en la importancia de una transición energética que sea responsable y respetuosa con el medio ambiente.