La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por no haber adaptado a su legislación nacional la nueva directiva comunitaria sobre protección laboral frente a sustancias peligrosas, que debió ser incorporada antes del 9 de abril. Esta normativa establece en particular límites más estrictos frente al plomo y sus compuestos, consideradas sustancias reprotóxicas que pueden causar graves problemas de salud. Además, por primera vez, se implantarán restricciones vinculantes para los diisocianatos, químicos asociados a problemas respiratorios y enfermedades laborales.
La carta de emplazamiento enviada a España, junto a otros nueve países, es el primer paso formal en el proceso, y otorga un plazo de dos meses al Gobierno español para que responda y complete la transposición de la directiva. La falta de acción podría derivar en un dictamen motivado y eventualmente en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exponiendo a España a posibles sanciones. Esta situación resalta la creciente importancia de las políticas de salud laboral en la agenda europea, enfocándose en la reducción de la exposición de trabajadores a sustancias tóxicas en el ámbito industrial.
