El Gobierno de Australia ha lanzado una significativa ofensiva judicial contra 3M, reclamando más de 2.000 millones de dólares australianos por la contaminación generada por sustancias tóxicas, conocidas como PFAS, presentes en espumas ignífugas utilizadas durante años en bases militares. Estos compuestos, apodados "químicos eternos" por su alta persistencia, han suscitado creciente preocupación tanto ambiental como sanitaria debido a su acumulación en ecosistemas y el organismo humano.
De acuerdo con las autoridades, la empresa 3M habría ocultado información sobre los riesgos ambientales de estas sustancias, lo que prolongó su uso en instalaciones militares hasta el presente. El caso no solo pone de relieve la necesidad de una mayor regulación y vigilancia sobre los PFAS, sino que también se suma a una ola global de litigios y estudios que abordan los peligros asociados a la contaminación por químicos persistentes. Al respecto, 3M ha manifestado que se defenderá en los tribunales, alegando que la venta de dichas espumas cesó hace dos décadas y que nunca fabricaron PFAS en Australia.
Este litigio podría establecer un importante precedente internacional en la responsabilidad empresarial en casos de contaminación, y pone de manifiesto la presión global para limitar el uso de PFAS en productos industriales y de consumo.
