La reciente reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha eliminado la protección automática de estos ecosistemas cruciales, permitiendo que las provincias decidan sobre actividades mineras en zonas periglaciares. Aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, esta legislación impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha encontrado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y entidades internacionales. Cerca de 800.000 argentinos han respaldado una demanda colectiva contra esta reforma, que se espera que genere un proceso judicial prolongado en defensa del agua dulce, un recurso ya de por sí escaso en el contexto del cambio climático.
La modificación permite a las provincias definir las zonas periglaciares donde podrían autorizarse actividades extractivas, lo que podría comprometer importantes reservas hídricas y contradecir derechos consagrados en la Constitución argentina, en particular el artículo 41 que protege los derechos ambientales. Diversas organizaciones, como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas, han advertido que la reforma no solo podría afectar el acceso al agua de millones de ciudadanos, sino que también ignora el daño potencial a ecosistemas vitales. En este sentido, los expertos han señalado que estas decisiones podrían antagoniar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
En un contexto donde la demanda global de cobre está en aumento y el interés por los recursos minerales de Argentina está cobrando relevancia, el Gobierno de Milei defiende la reforma como un impulso al desarrollo económico del país. Sin embargo, expertos en medio ambiente advierten que la protección del agua dulce y de los glaciares debe prevalecer sobre intereses económicos a corto plazo. La incertidumbre sobre el acceso al agua de millones de argentinos resalta la necesidad de evaluar cuidadosamente las consecuencias de la reforma legislativa, que rompe con casi una década de protección legal establecida en la ley de glaciares de 2010.