La reciente reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha eliminado la protección automática de estos ecosistemas cruciales, permitiendo que las provincias decidan sobre actividades mineras en zonas periglaciares. Esta legislación, aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, ha sido impulsada por el Gobierno de Javier Milei y ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y entidades de la ONU.
Anteriormente, la ley de 2010 establecía que los glaciares eran bienes públicos esenciales para diversos usos, incluyendo el abastecimiento de agua. Ahora, la nueva normativa limita la protección de los glaciares a aquellos que demuestren un significativo aporte hídrico, dejando a criterio las evaluaciones ambientales y la posibilidad de actividades mineras en zonas sensibles.
Activistas de Greenpeace y otros grupos han manifestado su descontento en las calles, advirtiendo que esta reforma podría poner en peligro importantes reservas hídricas y contradecir derechos consagrados en la Constitución. Esta situación ha llevado a una amplia movilización social y ha atraído la atención internacional sobre el potencial impacto negativo de estas decisiones legislativas en el cambio climático y los derechos humanos.