La propuesta de establecer una tasa europea a las empresas energéticas está ganando apoyo en la Unión Europea a raíz del incremento de precios energéticos provocado por la crisis internacional y la guerra en Irán. La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha abogado por un impuesto comunitario sobre las ganancias extraordinarias de estas compañías, enfatizando la necesidad de equilibrar el impacto económico en consumidores e industrias. Este enfoque se presenta como una manera de proporcionar recursos a quienes sufren el encarecimiento energético mientras algunas empresas aumentan sus beneficios en este contexto adverso.
El apoyo a esta iniciativa se extiende a varios países miembros, incluyendo Alemania, Austria, Italia y Portugal, que han solicitado a la Comisión Europea un marco fiscal común para gravar estos beneficios excepcionales. Aagesen también ha destacado la importancia de ampliar este impuesto a compañías operando fuera de la UE para no generar desequilibrios competitivos. Esta medida no solo se relaciona con la seguridad energética del bloque, sino que también vincula la transición ecológica y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
Paralelamente, la guerra en Oriente Medio ha tensionado el suministro de queroseno, combustible esencial para la aviación, lo que ha llevado a la exploración de alternativas, incluyendo los combustibles de aviación sostenibles (SAF), que pueden derivarse de residuos como el aceite de cocina usado. La solución a la falta de combustible podría permitir no solo estabilizar precios, sino también avanzar hacia una aviación más sostenible. En este contexto, España también ha asumido compromisos para fomentar el uso de SAF, con el objetivo de alcanzar una proporción del 70% de estos combustibles para el año 2050, contribuyendo así a la soberanía energética del país y de Europa.