En un año marcado por incendios forestales devastadores, el presupuesto destinado a la Oficina Española del Cambio Climático ha experimentado un recorte de más del 50%, alcanzando solo 7,9 millones de euros en 2025, lo que representa un 60% menos que en 2018. Este recorte es especialmente preocupante, dado que las cifras de desastres ambientales continúan incrementándose, con casi 200.000 hectáreas quemadas hasta agosto de 2026, una cifra seis veces superior a las 26.994 hectáreas de 2018. Aunque la situación ha mejorado recientemente con un descenso de los peligros de incendio, sigue siendo alta en muchas regiones, sobre todo en el interior de las comunidades mediterráneas y zonas montañosas de Canarias. Este contraste entre la reducción presupuestaria y el aumento de incendios obliga a cuestionar la capacidad de la Oficina para llevar a cabo políticas eficaces contra el cambio climático. Pedro Sánchez ha destacado la necesidad de un pacto de Estado para enfrentar esta emergencia, resaltando que es una prioridad nacional. Sin embargo, parece que los recursos asignados no están a la altura de dicha urgencia, impidiendo una respuesta adecuada ante los fenómenos climáticos extremos que azotan el país. A pesar de que se han registrado 39 grandes incendios en lo que va de año, con un enfoque actual en áreas como los Pirineos, las comunidades autónomas aún no han implementado medidas formales de prevención efectivas, lo que agrava la crítica situación.