El extractivismo minero ha sido el foco de atención de una movilización que reunió a diversas organizaciones ecologistas, sindicales e indígenas frente al Parlamento Europeo en Bruselas. La protesta, parte del II Encuentro Internacional de Pueblos contra el Extractivismo, busca visibilizar las repercusiones de las políticas energéticas de la Unión Europea, que, según los colectivos, aceleran la explotación de recursos naturales en diversas regiones del mundo.
Los participantes argumentan que la actual transición energética, que aumenta la demanda de minerales críticos como el litio, níquel y cobalto, está provocando importantes conflictos ambientales y sociales. En muchos casos, la extracción masiva de estos materiales resulta en daños irreversibles a ecosistemas y fuentes de agua, y en la intensificación de las desigualdades económicas. Las organizaciones presentes en la concentración piden una reevaluación de los modelos de consumo y producción para garantizar que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos vaya de la mano.
Además, se destaca que la problemática del extractivismo no solo afecta a América Latina sino también a varias regiones de España, donde nuevos proyectos mineros están generando tensiones sociales. Activistas de comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha han denunciado la falta de transparencia en los procesos de autorización de actividades mineras y sus posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y las economías locales. La lucha contra el cambio climático, según los manifestantes, no puede desvincularse de la protección de las comunidades afectadas por la expansión del extractivismo.