El Gobierno de Cantabria ha decidido eliminar el coste de las licencias de caza y pesca durante cinco años, una medida que ha suscitado el rechazo de la Federación Dean (Defensa Animal Cantabria). Esta organización argumenta que la iniciativa representa una subvención de más de 1,3 millones de euros a actividades que, en su opinión, fomentan la explotación de la fauna silvestre. Dean denuncia que mientras se priorizan intereses cinegéticos, persisten problemas significativos en la protección animal y la conservación de especies amenazadas.
La polémica se intensifica en un contexto donde la gestión de la fauna, especialmente respecto al lobo ibérico, ya había generado controversia. La portavoz de Dean, Victoria Cedrún, considera que esta decisión es “profundamente ideológica” y refuerza al lobby cazador en lugar de atender las necesidades de conservación y bienestar animal. Los críticos también destacan que el uso de fondos públicos debería estar orientado hacia la educación ambiental y el apoyo a las protectoras, en vez de subvencionar la caza.
Este anuncio ha creado una división social en torno al papel de la caza y la pesca recreativa, así como un debate sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Las organizaciones animalistas piden mirar hacia modelos de desarrollo rural que prioricen la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible, en lugar de actividades que puedan agravar la presión sobre especies ya amenazadas.