El Gobierno de Cantabria ha decidido eliminar el coste de las licencias de caza y pesca durante un periodo de cinco años. Esta medida ha generado controversia y rechazo por parte de la Federación Dean (Defensa Animal Cantabria), que considera que la iniciativa implica una subvención de más de 1,3 millones de euros a actividades que promueven la explotación de la fauna silvestre. Dean ha denunciado que, mientras se priorizan intereses cinegéticos, persisten problemas significativos en la protección animal y la conservación de especies amenazadas. Además, la portavoz de la organización, Victoria Cedrún, ha calificado la decisión como “profundamente ideológica”, argumentando que favorece al lobby cazador en lugar de atender las necesidades de conservación y bienestar de los animales.
La controversia se intensifica por la reciente decisión del Gobierno de reducir los permisos de caza de rebeco y venado en la Reserva del Saja, lo que ha suscitado un intenso debate político y rural. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha defendido que estas restricciones son necesarias para garantizar el equilibrio ecológico y se basan en informes técnicos. Sin embargo, asociaciones cinegéticas están alarmadas, argumentando que estas limitaciones amenazan la economía local y el tejido social asociado a la caza. La situación ha llegado al Parlamento autonómico, donde se ha discutido la aplicación de estas restricciones en un contexto más amplio de creciente tensión entre conservación ambiental y actividades económicas tradicionales. Críticos sugieren que, en lugar de subvencionar la caza, se deberían destinar recursos a la educación ambiental y al apoyo a protectoras de animales, promoviendo modelos de desarrollo rural que prioricen la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible.