El proceso de información pública, inaugurado por el Ministerio para la Transición Ecológica, está destinado a discutir los informes sexenales sobre el lobo, que el Gobierno ha clasificado como en estado desfavorable. En contraste, la Xunta de Galicia y varias comunidades autónomas argumentan que la situación es favorable, algo que ha provocado una fuerte controversia. Durante un periodo de 15 días, se aceptarán alegaciones que podrán incidir en el debate acerca de la gestión y protección de esta especie, cuya viabilidad se ve amenazada por la baja diversidad genética y la escasa conectividad entre manadas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha subrayado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación del lobo y la ganadería extensiva, buscando un diálogo que incluya a todas las partes implicadas. Este nuevo enfoque surge tras la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2025, lo que permitió una regulación más flexible sobre la especie. Las organizaciones ambientalistas, como WWF y Ecologistas en Acción, han expresado su preocupación, advirtiendo que algunos informes de las comunidades parecen ignorar datos científicos que evidencian los problemas de conservación del lobo. La futura política de gestión del lobo, que culminará con la remisión de informes a la Comisión Europea, será crucial para determinar el nivel de protección de esta especie emblemática en España.