El juicio programado para el 20 de mayo en Cartagena representa un hito en la lucha por la protección del Mar Menor, donde por primera vez este ecosistema actuará como acusación, gracias a una ley de 2022 que le confiere personalidad jurídica. Las empresas ECOSARETE S.L. y DATELIO S.L. están acusadas de operar desaladoras ilegales y de haber vertido más de 162,000 metros cúbicos de salmuera contaminante entre 2015 y 2017, contribuyendo al deterioro de uno de los ecosistemas más frágiles de Europa.
La acción legal será respaldada por cinco organizaciones ecologistas, incluyendo SEO/BirdLife y Greenpeace, que reclaman para el administrador de las empresas una pena de siete años de prisión, una multa de 9,000 euros, y una indemnización que supera el medio millón de euros. Se espera que el tribunal imponga una multa de hasta un millón de euros y la inhabilitación de las empresas por tres años. El juicio también tiene lugar en un contexto de investigaciones sobre la red de desaladoras ilegales que han afectado gravemente la biodiversidad y la salud de la laguna, marcada por episodios de eutrofización y mortandades masivas de fauna. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha instado a la ciudadanía a apoyar el juicio, el cual es visto como un paso fundamental hacia la justicia ambiental en la región.