El juicio que iba a tener lugar el 20 de mayo en Cartagena, en el que el Mar Menor se presentaría como acusación, ha sido suspendido por la enfermedad del perito que elaboró un informe sobre los daños provocados por vertidos de salmueras. Este proceso es histórico, ya que es la primera vez que una laguna actúa como acusación en un caso legal, gracias a lo estipulado en la ley de 2022 que le confiere personalidad jurídica. Las empresas ECOSARETE S.L. y DATELIO S.L. enfrentan acusaciones por operar desaladoras ilegales y verter más de 162,000 metros cúbicos de salmuera contaminante entre 2015 y 2017, lo que ha contribuido al deterioro de este ecosistema crucial.
Cinco organizaciones ecologistas, como SEO/BirdLife y Greenpeace, respaldan la acción legal y han solicitado una serie de penas, incluyendo siete años de prisión para el responsable de las empresas, una multa de 9,000 euros y una indemnización superior al medio millón de euros. Además, se alega que la multa impuesta podría alcanzar hasta un millón de euros y que, en caso de culpabilidad, las empresas deberían ser inhabilitadas para operar durante tres años. Este juicio forma parte de un contexto más amplio de investigaciones sobre desaladoras ilegales que han perjudicado gravemente la biodiversidad de la laguna, ya afectada por episodios de eutrofización y mortandades masivas de fauna.