Greenpeace ha manifestado su oposición a la construcción de una piscifactoría en Lemoiz, un proyecto respaldado por el Gobierno Vasco y el grupo Atitlan, que plantea una inversión de 170 millones de euros. La organización ambientalista advierte que esta iniciativa incrementaría la presión sobre la costa cantábrica, comprometiendo así la restauración del ecosistema en terrenos anteriormente ocupados por una central nuclear nunca rehabilitada. La cría intensiva de especies como el lenguado, argumenta Greenpeace, podría generar contaminación en las aguas cercanas y contribuir a la pérdida de biodiversidad marina debido al uso de antibióticos y productos químicos que afectan ese hábitat.
La oposición a esta instalación también se basa en las preocupaciones sobre el uso de fondos públicos para financiar proyectos que no promueven la recuperación de zonas degradadas. Greenpeace critica la posibilidad de que grandes empresas esquiven su obligación de restaurar entornos ambientales, trasladando costos al sector público. En lugar de esta industrialización, la organización propone priorizar la restauración completa del ecosistema original y fomentar prácticas como la pesca artesanal, que pueden generar empleo sin comprometer el entorno natural.