El Partido Popular ha exigido en el Senado una moratoria que detenga la demolición de viviendas afectadas por la Ley de Costas después de que su moción fuera aprobada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Esta solicitud busca suspender todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo-terrestre y garantizar la seguridad jurídica de miles de familias y negocios en el litoral español. La propuesta contó con el apoyo de comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia, Andalucía, Murcia, Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana.
Durante el debate, el senador Francisco Javier Márquez acusó al Gobierno de estar instaurando un modelo de gestión de costas sin diálogo y que amenaza la estabilidad de viviendas y propiedades en la costa. Por otro lado, el PSOE ha defendido la legalidad y necesidad de los procedimientos de deslinde, subrayando que su objetivo es la protección ambiental y el uso público de estas zonas. La controversia resalta una lucha entre la necesidad de proteger el litoral y la defensa de los derechos de propiedad privada en áreas costeras, anticipando nuevos enfrentamientos políticos y judiciales relacionados con la Ley de Costas.