El Partido Popular ha solicitado en el Senado una moratoria que paralice la demolición de viviendas afectadas por la Ley de Costas, tras la aprobación de una moción en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Esta medida tiene como objetivo suspender los procedimientos de deslinde del dominio marítimo-terrestre y asegurar la estabilidad jurídica de numerosas familias y negocios en el litoral español. La propuesta, respaldada por comunidades autónomas gobernadas por el PP, tales como Galicia, Andalucía, Murcia, Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana, ha reavivado el debate en torno a la gestión del litoral.
Durante el debate, el senador Francisco Javier Márquez criticó al Gobierno por fomentar un modelo de gestión de costas sin diálogo, que pone en riesgo propiedades en la costa. Por su parte, el PSOE defendió la legalidad de los procedimientos de deslinde, enfatizando que su razón de ser es la protección ambiental y el uso público de las zonas costeras. Sin embargo, la solicitud del PP se enmarca dentro de un contexto más amplio, donde diversos grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción y ARCA, han alertado sobre el posible deterioro irreversible del litoral, advirtiendo que la ampliación de concesiones privadas podría debilitar la ley y aumentar la presión urbanística, justo en un momento en que el cambio climático incrementa la vulnerabilidad de estas zonas.
Los expertos remarcan la importancia de mantener el límite de 75 años establecido por la Ley de Costas para las concesiones, ya que esto busca garantizar la recuperación de espacios naturales y proteger el litoral de la crisis climática. Con más de 8.000 kilómetros de costa en juego, el desenlace de este conflicto político y ambiental podría definir el futuro de la gestión costera en España y la conservación de sus ecosistemas marinos.