El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso para abordar las irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables, específicamente en relación con el caso Forestalia. La investigación investiga presuntos delitos como prevaricación administrativa y medioambiental, así como blanqueo de capitales. Las denuncias señalan la implicación de un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el papel de la empresa pública Tragsatec en esta trama.
El PP ha solicitado al Gobierno una variedad de informes, incluyendo copias de expedientes de evaluación ambiental desde 2015 y comunicaciones internas del Ministerio. Además, se pide una clarificación sobre la colaboración de Tragsatec en los proyectos y los criterios utilizados para su participación. A través de más de 30 preguntas al Ejecutivo, el PP busca aclarar cuestiones sobre la posible vinculación de funcionarios públicos y la existencia de conflictos de interés. Esta situación pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre los proyectos energéticos y medioambientales en España.