Desde hace dos décadas, el mercado europeo del carbono (RCDE-UE) ha sido fundamental en la política climática, estableciendo un precio por tonelada de CO2 que incide en decisiones económicas. Ante la próxima revisión de este mercado, se presenta un difícil equilibrio entre la credibilidad de las reglas climáticas y la soberanía industrial. Un precio del carbono que sea creíble es esencial para movilizar inversiones estructurales a largo plazo en sectores con altas emisiones, como el acero y el cemento.
Para mitigar la asimetría de costos entre los productores europeos y sus competidores internacionales, se implementó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) a inicios de 2026. Este mecanismo tiene como objetivo gravar las emisiones de carbono que acompañan a ciertos productos importados, buscando armonizar los costos. Sin embargo, la continuidad de cuotas gratuitas para el sector químico podría limitar costes a corto plazo, aunque a expensas de penalizar a los líderes en descarbonización a largo plazo. En este contexto, la tarificación del carbono emerge como un aspecto crucial que determina la competitividad de la industria europea en el proceso de transición energética.