El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ha autorizado el embargo de bienes del Estado español en su territorio, provocado por impagos de indemnizaciones a empresas que realizaron inversiones en energías renovables. Esta decisión se origina en un conflicto que comenzó en 2010, cuando España modificó las condiciones de apoyo financiero a proyectos solares y eólicos, lo que desencadenó diversas demandas internacionales. Actualmente, España enfrenta más de 27 laudos adversos y ha acumulado una deuda que supera los 688 millones de euros en reclamaciones, cifra que puede aumentar con los intereses de demora.
La sentencia más reciente permite a los acreedores buscar y embargar activos públicos españoles. Con la selección de fútbol de España participando en el Mundial de 2026, ha surgido un interés particular en los ingresos relacionados con este evento, incluidos contratos comerciales. Diversas empresas vinculadas a la organización logística de la selección, como Adidas y Hilton, ya han recibido requerimientos judiciales para identificar flujos económicos que podrían ser embargados. Además, el seguimiento se extiende a las infraestructuras elegidas para el equipo, generando un clima de atención constante sobre las operaciones económicas en territorio estadounidense.
La situación es crítica, pues los compromisos deportivos de España coinciden con la jurisdicción favorable a los acreedores, lo que aumenta la probabilidad de embargos. Si bien aún no se ha materializado ningún embargo efectivo, la incertidumbre sobre el futuro de la participación española en el Mundial es palpable, poniendo de relieve las complicaciones derivadas de decisiones energéticas de hace más de una década.