La expansión de parques de baterías en Gijón, Asturias, ha suscitado un intenso debate debido a la oposición de vecinos y del Ayuntamiento, a pesar de que el Gobierno del Principado avanza en la tramitación de estos proyectos. Con instalaciones planificadas que suman 10 MW de potencia, los residentes expresan inquietudes sobre posibles riesgos de incendios, emisiones tóxicas y la afectación al paisaje local, ya que estas infraestructuras están ubicadas cerca de núcleos habitados.
Además, existe un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico, lo que ha complicado la situación. A nivel regional, se han identificado más de 80 iniciativas similares en diferentes localidades, reflejando una creciente apuesta por el almacenamiento energético como parte de la transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, la rapidez en la tramitación de estos proyectos y su concentración en zonas específicas generan incertidumbre sobre la planificación territorial y la aceptación social, lo que hace necesario equilibrar los objetivos de descarbonización con las preocupaciones de la población.