En Asturias, la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable ha suscitado una fuerte controversia debido a su proximidad a zonas residenciales y explotaciones ganaderas. En localidades como Los Arenales, en Oviedo, vecinos y colectivos ecologistas han presentado más de 350 alegaciones, advirtiendo sobre la posible violación de las distancias mínimas de seguridad establecidas por la normativa vigente, que exige 1.000 metros de distancia a núcleos rurales y 500 de explotaciones ganaderas. La situación ha generado preocupaciones sobre riesgos para la salud, incluyendo contaminación electromagnética y potenciales explosiones e incendios.
Estos proyectos, considerados necesarios para la transición energética, son criticados por su localización, ya que podrían afectar gravemente a la vida cotidiana de los habitantes cercanos. Además, hay un creciente debate sobre la fragmentación de los proyectos en múltiples instalaciones más pequeñas, lo que dificultaría una evaluación ambiental adecuada. A pesar de las demandas sociales, las autorizaciones para estos parques continúan, revelando tensiones en la planificación territorial y la gestión del urbanismo rural en la región.