La transición energética en Europa se vuelve más pragmática con la reciente decisión de España de ampliar las ayudas por el CO2 para la industria, tras la aprobación de Bruselas. Este cambio responde a la necesidad de mitigar el impacto del encarecimiento de la electricidad en sectores industriales vulnerables, garantizando su competitividad en un contexto global desafiante. La UE ha permitido que las compensaciones a las empresas se eleven, con el objetivo de evitar que estas deslocalicen su producción a países con normativas ambientales menos estrictas.
El nuevo enfoque permitirá que España cubra hasta el 80% de los costes indirectos del CO2, abordando así un problema estructural provocado por el sistema europeo de emisiones. Al ampliarse a sectores estratégicos como la fabricación de baterías o productos químicos, se busca no solo sostener la producción nacional, sino también mantener el empleo y la inversión en el país. Esta decisión es un intento de equilibrar la sostenibilidad y la viabilidad económica de las industrias en el marco de una transición ecológica eficaz.