La equidad entre los inversores fotovoltaicos en España se ha convertido en un tema candente tras la denuncia de Anpier al Gobierno. La asociación critica que, mientras el Estado indemniza a fondos internacionales por recortes en las primas a las renovables, miles de familias españolas carecen de compensación. Actualmente, 62.000 familias que invirtieron en energías renovables se ven afectadas por cambios normativos que han recortado sus retribuciones hasta un 50%, lo que ha socavado su inversión y confianza en el sector.
Además, Anpier señala que la justicia de Países Bajos ha admitido el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht debido al incumplimiento por parte de España de las compensaciones estipuladas por un tribunal de arbitraje. Hasta ahora, son más de veinte las resoluciones internacionales que obligan a España a pagar indemnizaciones millonarias, lo que plantea un serio riesgo de embargos de activos públicos en otros países. Este contexto ya ha llevado a la justicia de Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido a reclamar el cumplimiento de las indemnizaciones dictadas, poniendo a España en una lista de incumplidores junto a naciones como Rusia y Venezuela.
La situación demanda una actuación urgente del Gobierno para reparar esta desigualdad y restaurar la seguridad jurídica en el sector energético. Anpier alerta que sin las medidas adecuadas, España podría enfrentar un incremento de litigios y una disminución en la confianza de los inversores en el ámbito de las energías limpias, lo que a su vez podría obstaculizar la transición energética del país.