Andalucía ha decidido prohibir la recepción de residuos peligrosos provenientes de otras comunidades, una acción que deja sin tratar más de 100.000 toneladas de desechos. Esta medida, instaurada a raíz de la Ley de Economía Circular andaluza, afecta no solo a la industria local, sino que altera el equilibrio del sistema nacional de gestión de residuos. El cierre de esta vía de tratamiento implica que las empresas deben replantearse sus operaciones logísticas, lo que conduce a un aumento de costos y menor eficiencia, complicando el manejo de desechos industriales.
La decisión entra en conflicto con el principio de proximidad, aprobado a nivel nacional, que busca que los residuos se gestionen en la instalación más cercana. Generando incoherencias, un residuo podría ser transportado cientos de kilómetros dentro de Andalucía, mientras que no se permite su traslado desde una comunidad más próxima. Esto no solo distorsiona el sistema, sino que también aumenta la huella de carbono debido a que los residuos tendrán que viajar distancias mayores. Consecuentemente, las plantas de tratamiento operan por debajo de su capacidad, lo que conlleva no solo una reducción en la competitividad del sector, sino también un riesgo para el empleo en estas instalaciones.
La falta de coordinación y cohesión en la gestión de residuos es evidente y pone de manifiesto la necesidad urgente de una planificación que garantice eficiencia en todo el territorio. Sin una respuesta centralizada, el sistema de gestión de residuos peligrosos podría enfrentarse a un colapso, comprometiendo la sostenibilidad y rentabilidad del sector a largo plazo.