La Administración del presidente Donald Trump ha tomado la decisión de cancelar proyectos de energía eólica marina valorados en cerca de 2.600 millones de dólares, los cuales fueron adjudicados durante el mandato de Joe Biden. Este movimiento se alinea con una política energética que prioriza el gas natural y otras fuentes consideradas estratégicas. Recientemente, se firmó un acuerdo con la empresa Invenergy, que devolverá cuatro concesiones federales para parques eólicos marinos localizados en las costas de Nueva York, California y Maine. A cambio, el gobierno pagará a Invenergy 765 millones de dólares, una suma ligeramente inferior a la que la compañía había invertido inicialmente para obtener esos derechos.
Este giro en la política energética ha generado un considerable descontento entre organizaciones ecologistas y administraciones controladas por el Partido Demócrata, quienes argumentan que esta decisión obstaculiza el desarrollo de la energía eólica, una tecnología clave para la transición energética del país. Además, el acuerdo con Invenergy refleja una tendencia más amplia de la Administración Trump hacia la desmantelación de proyectos de energía renovable aprobados anteriormente, lo que podría frenar el avance de las energías limpias y dificultar el cumplimiento de compromisos climáticos por parte de Estados Unidos. Grupos ambientalistas critican el uso de recursos públicos para revertir iniciativas de sostenibilidad, y destacan que esta acción se produce en un momento en que otros países están acelerando la transición hacia fuentes de energía renovables.