A pesar de la moratoria impuesta por el Govern balear para limitar nuevas instalaciones en suelo rústico, Mallorca mantiene numerosos parques fotovoltaicos, desatando críticas de organizaciones ecologistas. Estas agrupaciones advierten que la normativa no tiene efectos retroactivos y permite que proyectos en tramitación continúen su avance, lo que podría llevar a la transformación de grandes extensiones de terrenos agrícolas en instalaciones solares.
Uno de los casos más discutidos es el de una nueva planta solar en Santa Maria del Camí, que según los críticos, ejemplifica la contradicción entre la protección del entorno rural y la implementación de energías renovables. Se estima que cerca de 90 proyectos fotovoltaicos podrían ocupar más de 1.500 hectáreas de suelo rústico, generando preocupaciones sobre la pérdida de biodiversidad y el impacto en la actividad agrícola, que es sustancial para la seguridad alimentaria de la isla.
Las organizaciones ecologistas reclaman una planificación más efectiva que incentive la implantación de energías renovables sin comprometer el patrimonio agrícola y el paisaje natural. Pese al apoyo a la transición ecológica, exigen que los proyectos se reubiquen en terrenos degradados o urbanizados, al tiempo que cuestionan la falta de respuesta a las alegaciones presentadas por los municipios en contra de varios grandes parques solares proyectados.