La moratoria sobre la autorización de nuevas macroplantas de biogás en Navarra ha suscitado un conflicto significativo entre plataformas ciudadanas y las administraciones. Las organizaciones de la sociedad civil abogan por detener temporalmente estos proyectos para evaluar sus impactos ambientales y comunitarios, citando preocupaciones como la contaminación de aguas subterráneas por nitratos y la gestión de residuos agrícolas. Por otro lado, las instituciones y ciertos sectores defienden el biogás como una solución eficaz para gestionar residuos ganaderos y reducir la dependencia de combustibles fósiles. En este contexto, más de 15,000 alegaciones han sido registradas en contra de proyectos en curso, ya que las plataformas sostienen que la proliferación de plantas de biogás, que podría aumentar de seis a 23 en la región, podría causar una mayor presión sobre el territorio y generar contaminación.
Estos conflictos no son exclusivos de Navarra; situaciones similares ocurren en otras regiones. Por ejemplo, en Sevilla, la planta de biogás proyectada en Benacazón ha generado un fuerte rechazo vecinal en la cercana urbanización La Juliana, donde se cuestionan los posibles efectos de olores, el incremento del tráfico pesado y el impacto en la calidad de vida de los residentes. El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación ha expresado su oposición y está preparando alegaciones basadas precisamente en estos riesgos, reflejando la creciente necesidad de encontrar un equilibrio entre la transición energética y la aceptación social de infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos.