La moratoria sobre la autorización de nuevas macroplantas de biogás en Navarra ha suscitado un conflicto significativo entre plataformas ciudadanas y las administraciones. Las organizaciones de la sociedad civil abogan por detener temporalmente dichos proyectos para evaluar sus impactos en el medio ambiente y la comunidad, citando preocupaciones como la contaminación de aguas subterráneas por nitratos y la gestión de residuos agrícolas. Por otro lado, las instituciones y ciertos sectores defienden el biogás como una solución eficaz para gestionar residuos ganaderos y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Las plataformas han recibido un fuerte apoyo social, con más de 15,000 alegaciones registradas contra proyectos en curso. Argumentan que la multiplicación de plantas de biogás, que podría crecer de seis a 23 en la región, podría exacerbar problemas como la presión sobre el territorio y la contaminación. En este contexto, se plantea una pregunta crítica sobre la dirección que debe tomar la transición energética: una que sea justa, transparente y que respete la integridad del medio rural y sus habitantes. Las diferencias de opinión no solo se limitan a la ciudadanía, sino que también se reflejan en el ámbito político navarro, donde se discute el futuro modelo de desarrollo energético y agrícola de la comunidad.