La valorización energética se establece como una alternativa sostenible a los vertederos en España, permitiendo transformar residuos no reciclables en energía, ya sea en forma de calor, combustible o electricidad. Según Joaquín Pérez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), y Rafael Sánchez, director de residuos en Veolia, esta tecnología, que ha evolucionado en los últimos 50 años, genera aproximadamente el 50 % de su energía de manera renovable y actúa como un sumidero de contaminantes. Este método, que emite un 250 % menos de gases perjudiciales que un vertedero, podría proporcionar energía térmica suficiente para calentar comunidades enteras, contribuyendo así a mitigar las problemáticas generadas por el crecimiento poblacional.
Sin embargo, la situación es más compleja en Galicia donde la valorización energética enfrenta un escenario incierto debido a las nuevas regulaciones climáticas de la Unión Europea. La futura obligación de comprar derechos de emisión de CO2 para las plantas que convierten residuos en energía podría encarecer significativamente la gestión de estos residuos. La Xunta advierte que podría haber un sobrecoste anual de hasta 14 millones de euros para Sogama, la macroplanta que gestiona residuos de la mayoría de los municipios gallegos. Este incremento de costes podría desincentivar la valorización energética, llevándola a ser menos competitiva frente a los vertederos y, en consecuencia, propiciar un aumento en su uso, algo que contradice los objetivos de reducción de residuos fijados por Bruselas.
La discusión sobre la valorización energética de residuos en Galicia se convierte en un punto de tensión entre la transición ecológica y los costes económicos de cumplir con los nuevos estándares ambientales. Diversas asociaciones del sector claman por una moratoria que excluya temporalmente estas instalaciones del nuevo mercado de derechos de emisión mientras se perfeccionan tecnologías más limpias. El desenlace de este conflicto podría influir considerablemente en la gestión de residuos en Galicia y otros lugares de Europa, configurando el futuro de la política ambiental y los escenarios de sostenibilidad a los que se enfrentan.