La sostenibilidad en el ámbito empresarial se está reconfigurando, orientándose hacia un enfoque financiero más que moral. Según un análisis de EY, las empresas justifican sus decisiones sostenibles con métricas económicas tangibles, como la optimización en la cuenta de resultados y la disminución de costos operativos. Esta evolución se produce en un contexto donde aumenta la regulación y la polarización política, creando lo que se conoce como un 'tsunami regulatorio'. Las iniciativas legales vinculadas a la sostenibilidad han crecido mucho, pasando de 20 a más de 23,600 en todo el mundo desde 2015, lo que ha generado una 'fatiga regulatoria'. Las empresas buscan, por tanto, alinear sus iniciativas sostenibles con sus objetivos económicos para revertir esta percepción de carga hacia una oportunidad de competitividad y valor.
Un ejemplo notable es el sector del transporte público en España, que necesita 12.000 millones de euros anuales hasta 2030 para renovar su flota y cubrir el aumento de demanda. Esta cifra incluye 8.800 millones para cubrir costes operativos y 3.300 millones para inversiones en infraestructura y en una flota de vehículos eléctricos. Con la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de transferir el 35% de los desplazamientos en vehículos privados al transporte público, es crucial que el sistema absorba un 36% más de usuarios de autobús y un 50% más de viajeros de metro en los próximos años. Sin embargo, actualmente el aporte del Estado central al sistema es solo del 5%, y se requiere una mayor implicación para alcanzar el 25%. Este desafío se acentúa con la necesidad de descarbonización y la renovación de flotas conforme a las exigencias normativas europeas sobre vehículos sostenibles. La convergencia de estos aspectos muestra cómo la sostenibilidad y la rentabilidad pueden y deben integrarse en la estrategia de las empresas y los servicios públicos.