Un juez federal argentino ha revocado recientemente su decisión de suspender la reforma a la ley de protección de glaciares en la provincia de Santa Cruz, que había sido impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Esta reforma, aprobada por el Parlamento el 9 de abril, permite a las provincias decidir sobre las áreas periglaciales donde se puede permitir la minería, contraviniendo la ley de glaciares establecida en 2010. El fallo del juez Claudio Vázquez había surgido en respuesta a un amparo presentado por el Gobierno municipal de El Calafate, que argumentó que la reforma podría ser inconstitucional y perjudicar el acceso a agua dulce, especialmente del río Colorado, que se alimenta de glaciares.
El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, anunció la revocación del amparo y defendió que la reforma era necesaria para el desarrollo económico del país, particularmente en el contexto de inversiones en minería. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte resistencia entre ambientalistas y varias provincias, como La Pampa, que plantean su inconstitucionalidad y sus posibles impactos negativos sobre el medio ambiente. A pesar de las justificaciones del Gobierno, la nueva normativa ha sido criticada por debilitar la protección de ecosistemas críticos y por potencialmente favorecer intereses mineros sobre la conservación de recursos hídricos esenciales.