Un juez federal argentino ha ordenado la suspensión de la reforma a la ley de protección de glaciares en la provincia de Santa Cruz, notablemente impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Esta decisión sigue a un amparo presentado por el Gobierno municipal de El Calafate y su Concejo Deliberante, quienes argumentan que la reforma podría ser inconstitucional. Aprobada en abril de 2026, la modificación permite a las provincias decidir sobre áreas periglaciales donde se podría permitir la minería, lo que contraviene la ley de glaciares de 2010, considerada avanzada en la protección ambiental en la región.
El juez Claudio Vázquez ha indicado que las disposiciones de esta reforma quedan en suspenso hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esta decisión refuerza la postura de muchos ambientalistas que consideran la reforma como una amenaza a las reservas hídricas y un posible favorecimiento a intereses mineros. La provincia de La Pampa también ha presentado un recurso similar, argumentando que la modificación perjudica el acceso a agua del río Colorado, que se nutre de glaciares.
La resolución se basa en el principio de precaución ambiental, poniendo de manifiesto la importancia de los glaciares y zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en el contexto de un clima en cambio constante. Expertos advierten que la reforma podría debilitar la protección de ecosistemas críticos, advirtiendo que la minería podría tener impactos negativos en la calidad del agua, un recurso cada vez más escaso. Este conflicto legal refleja una lucha más amplia sobre el modelo de desarrollo de Argentina y la necesidad de equilibrar la inversión minera y la conservación ambiental.